Carmena planea construir 3.000 viviendas de alquiler

El Ayuntamiento tiene la mirada echada a 30 parcelas que serían cedidas a entidades privadas durante 50-75 años.

El debate entre candidatos a las elecciones municipales del 26-M ha servido a Manuela Carmena para anunciar un plan en materia de vivienda. Y es que ha anunciado que tiene un plan para construir 3.000 viviendas en una superficie media de 60 metros cuadrados para fomentar el alquiler asequible en suelo municipal.

Según sus cálculos, tendría un impacto inmediato en los alquileres.

El resto de candidatos han calificado la acción del Ayuntamiento, en materia de vivienda, como «insuficiente». José Luis Martínez Almeida, del PP, ha comentado que la política municipal de vivienda ha sido un «fracaso» ya que no se ha cumplido su propio programa y ha pedido el desarrollo urbanístico del sureste de Madrid.

Por su parte, Carlos Sánchez Mato, de Madrid en Pie, ha reprochado al Gobierno de Carmena que se estén llevando desahucios cuando ella misma se comprometió a eliminar esas medidas.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, también ha reprochado el «retrasar» las licencias urbanísticas, encareciendo con ello 17.000 euros cada mes la entrega de las casas.

En el plan de Carmena ya tiene localizadas 30 parcelas municipales con capacidad para albergar entre 30 y 300 viviendas cada una, con una edificalidad de 177.000 metros cuadrados. Además, el Consistorio se apoyaría en cooperativas y empresas relacionadas con el alquiler residencial que asuman una rentabilidad limitada.

El suelo se concedería por un periodo de 50-75 años con el objetivo de construir la vivienda, de alquiler, según unas condiciones y precios tasados por la administración municipal.

Carmena ha asegurado que esas viviendas estarían listas en 2020 y las parcelas saldrían a concurso para ser adjudicadas y dar las licencias, con un periodo de 18 meses, y una construcción de entre 18 y 24 meses.

Por parte de los inversores se ofertarían el número de viviendas, siempre con unos ratios fijados, siendo un mínimo del 60% de las viviendas en alquiler concertado (por debajo de mercado) mientras que habría un máximo de 30% de vivienda en alquiler libre. El resto, sería una cesión al Ayuntamiento de viviendas destinadas a emergencia social que no será inferior al 7%. Tanto la gestión como el mantenimiento iría a cargo de los inversores.

Fuente: ElPaís.

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