La Junta quiere reabrir la causa matriz de los ERE y da una vuelta judicial a los de corrupción

El gobierno del PP y Cs ha dado un giro en su estrategia judicial en la Administración autonómica y podría hacer prescribir ayudas que aún no se investigan.

Un giro de 180 grados. Eso es lo que ha dado en nuevo gobierno andaluz. El PP y Ciudadanos han cambiado la estrategia judicial que llevaba a cabo la Administración autonómica sobre los casos de corrupción. Y ha empezado por uno de los más famosos, la macrocausa de los ERE. Donde han pedido a la Audiencia Provincial de Sevilla que reabra el procedimiento original llevado a cabo por Mercedes Alaya, juez en el Juzgado de Instrucción 6. El objeto es el de investigar las ayudas sociolaborales y empresas en crisis a través de la Dirección General de Trabajo.

Juanma Moreno y el nuevo ejecutivo tienen han enmendado una de las actuaciones que se había llevado a cabo por los gobiernos socialistas, en un inicio por José Antonio Griñán, y, por otro lado, por Susana Díaz, que consistía en poner trabas a cualquier investigación judicial.

La Junta ha presentado así un recurso contra el auto del juzgado de Instrucción 6, en este caso para María Núñez Bolaños, ya que la actual juez ya no está, donde se confirma el archivo de la llamada causa matriz de los ERE, dividida, en julio y noviembre de 2015, para las ayudas «irregulares» que se concedieron en esa época.

El letrado de la Administración andaluza alega que hay un riesgo de prescripción de esas ayudas, y que muchas de ellas no se investigan aún, ya que muchas de ellas no han pasado por el juzgado instructor.

Además, comenta que «la mera incoación de piezas no sirve para nada si, previamente en las diligencias previas o simultáneamente a su incoación, no se acuerda la llamada al procedimiento de las personas respecto de las que existan indicios de acuerdo con la documental que consta, toda vez que no se vería interrumpida la prescripción».

Según el auto de archivo al que ha tenido acceso El Mundo, «vulnera los derechos de la Junta» porque «podría verse perjudicada por los fondos públicos indiciariamente malversados».

Un cambio de rumbo jurídico

Este recurso no es el primero ya que el gobierno andaluz, en otro recurso al juzgado, lanzó que el archivo «era prematuro» e insiste en que no se puede cerrar la causa matriz sin que se hayan investigado todas y cada una de las ayudas de las que se sospecha.

Sin embargo, este cambio de rumbo viene provocado después de un estudio a fondo de las causas de corrupción abiertas en la Junta y para esclarecer el tipo de estrategia que se ha llevado a cabo, así como ver cómo se puede actuar en los próximos meses para recuperar el dinero público y que nadie quede impune.

Por ahora, el Gobierno andaluz está personado en la investigación sobre las tarjetas «black» de Faffe, fundación de empleo de la Junta, que se creó para formar a los parados y que, sin embargo, fue una agencia de colocación para exdirigentes del PSOE y familiares.

Fuente: ElMundo.

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