Brigada policial usada para perseguir partidos y eliminar pruebas de corrupción

Durante el mandato de Fernández Díaz, en el Ministerio de Interior, se creó una brigada policial; que estaría destinada a obstaculizar las investigaciones realizadas por corrupción que afectaban al Partido Popular. Además, se dedicaba a la persecución de partidos políticos adversarios. Lo cual resulta ser un abuso de poder y un quiebre de las reglas de la democracia.

Este párrafo no es más que la conclusión que obtuvo el Congreso de Diputados, para cerrar una investigación sobre la utilización partidista del Ministerio de Interior y la utilización de los Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos.

Cabe destacar que este informe no fue revisado por el Partido Popular ni por Ciudadanos. Además, a la comisión no asistieron los comisarios más sospechosos.

José Manuel Villarejo, es el más conocido de todos ellos. Sin embargo, él continúa en prisión, por haber liderado una organización criminal, que se encargaba de grabar a políticos, empresarios y jueces para extorsionarlos. Entre tantos trabajos, se volvió millonario y montó su propio medio de comunicación, el cual se encontraba al servicio de las cloacas.

Otro de los que no asistieron fue Marcelino Martín Blas, quien fue responsable de algunos asuntos dentro de la policía. Lo cual consistía en un departamento que estaba encargado de analizar algunos asuntos policiales y además, ciertas actividades parapoliciales. Entre estas destacan los viajes realizados a Catalunya que estaba destinado a la persecución de dirigentes independentistas.

Ante esto; quedó registrado que durante el gobierno de Mariano Rajoy salió a relucir una brigada policial que se encargaba de perseguir partidos políticos. Según de los cuales se encuentran perjudicados partidos como Podemos y el PSOE.

Según el dictamen, se dice que estas fueras policiales, se utilizaron además de perseguir partidos políticos, para destruir pruebas de corrupción del Partido Popular; especialmente aquellas que pertenecían a Luis Bárcenas, el tesorero, en donde se llevaba todo el control del dinero.

Imputados representantes de la cúpula policial del mandato de Mariano Rajoy

Desde el mes de Febrero se encuentra imputada toda la cúpula policial que funcionaba durante el gobierno de Mariano Rajoy, incluido Eugenio Pino, quien era el responsable de todas las cuestiones de seguridad del país. El mismo se encuentra imputado por malversación, robo, allanamiento de morada, entre otras. Inclusive tiene prohibida la salida del país y tiene decomisado su pasaporte.

Los cargos que han sido nombrados para dirigir la seguridad del país, están siendo investigados por una brigada policial que se conoce con el nombre de Operación Kitchen.

Se dice que se compró al chofer de Luis Bárcenas; por un aproximado de 2.000 euros al mes durante 2 años. El objetivo principal era que éste espiara a la familia de Luis Bárcenas; con la finalidad de obtener información relevante para el Partido Popular. Se encuentra acusado de varios delitos y también le fue retenido su pasaporte. Por esto mismo también está siendo investigado Andrés Gómez Gordo.

En 2012 fue el año en donde comenzó la acción de esta brigada policial. La cual mantenía entre sus principales objetivos atacar el independentismo de Catalunya; por lo que se utilizó para buscar elementos en contra de sus dirigentes. Estos se encargaron de realizar un sinfín de investigaciones que no tenían ningún tipo de control judicial y posteriormente se difundían algunos informes a través de medios de comunicación.

Sin duda alguna los medios de comunicación fueron clave para desactivar el conflicto de Catalunya. De hecho, en el año 2012 salió un artículo que llevaba por título: «La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”. Este se encontraba sin firmar, pero con el sello de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía; un departamento que había ganado mucho prestigio en varias investigaciones anteriores. Sin embargo, el jefe en aquél entonces de esa unidad, negó que ese informe haya salido de su departamento.

Tiempo después, se hizo pública una información de que el alcalde de Barcelona de aquel entonces, Jordi Trias, mantenía una cuenta en Suiza, de la cual movió un aproximado de 12,9 millones de euros a otro banco en Andorra. Ante esto, ambos bancos desmintieron esta información.

Después de esto, existieron otras modalidades parecidas que se aplicaron contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

El Ministro de Interior de ese entonces Jorge Fernández Díaz recibió en su despacho al  director de la Oficina de Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Aquí reveló cual era el modus operanti. Este se presentó ante el ministro como un patriota; quien se encontraba dispuesto a sembrar dudas e información sobre algunos dirigentes independistas. Estos audios fueron difundidos; lo cual representa un plan entre ambos para revelar unos informes débiles sobre políticos de Convergencia. Esto con la finalidad de que la prensa sacara titulares sobre que la Fiscalía investigaba a ciertos dirigentes independentistas.

En ese audio, el entonces ministro, se comprometía a conversar con la Fiscal General del Estado. Esto revelaba, que el ministro, amigo de Rajoy; estaba al tanto de la situación, y que se trataba de un evento planificado.

La elaboración de algunos informes policiales, se usaron también contra Podemos; cuando en el año 2015 se mantenía según las encuestas entre uno de los candidatos más fuertes para alcanzar el gobierno.

Informes falsos contra Podemos

En ese entonces se difundió el informe PISA, en el cual se aseguraba el financiamiento ilegal de Podemos. Este informe llegó a manos del director de redacción de El Mundo, de ese entonces, David Jiménez, quien se negó a publicarlo, esto dicho por él mismo; ya que según indicó no poseían firma ni sello.

Los hechos contra Podemos no culminan con esto. Se está investigando la difusión de una conversación extraída de un móvil robado de una de las colaboradoras de Pablo Iglesias; en donde este habla de azotar a la presentadora televisiva Mariló Montero.

Alberto Pozas, exdirector de la revista Interviú, tuvo en su poder ese audio pero decidió no hacer nada con ello; renunció tras saber que debería comparecer como testigo a la Audiencia Nacional.

Los líderes del Ministerio de Interior que estaban en el gobierno de Rajoy, siguen aún en los entes. Ante esto envió un SMS en el que se defendía la elección de Manuel Marchena, para el Consejo General del Poder Judicial. Esto no se llevó a cabo cuando se conoció el contenido de esa información de Cosidó; en donde se pretendía que con Marchena al frente de este órgano, el PP se aseguraba el control la sala del supremo.

Fuente: Un watergate que no tuvo consecuencias políticas: una brigada policial para perseguir a partidos y limpiar pruebas de corrupción

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