Desmontando el impuesto que pide Podemos a las ‘telecos’: España tiene un 71% de fibra óptica

Las sedes corporativas de las empresas de telecomunicaciones que operan dentro del territorio español se han llevado la no grata sorpresa de la nueva propuesta de Podemos, donde se propone llevar una ampliación de la red de banda ancha de aproximadamente 30 megas -como mínimo- en los pueblos rurales. Esta medida ha sido percibida y etiquetada como ‘agresiva’ por parte de los despachos del sector, ya que consideran que son uno de los sectores que mayor cantidad de impuesto tienen que pagar en España.

La Tasa RTVE de partida doble -como televisión y operadora-, además de los tributos como empresas (IVA) y una variedad de tributos municipales, complican la estructura fiscal de la compañía, aumentando descaradamente las cantidades a pagar. Vodafone, Orange y Telefónica hicieron un pago de 1 billón 450 millones de euros en impuestos durante el cierre fiscal de 2017. Esto ha sido sólo en impuestos directos.

La percepción del sector de las telecomunicaciones es que siempre que los políticos desean recaudar dinero, se enfocan con este mercado para apropiarse de sus beneficios. Referente a la petición de Podemos, el descaro se ha elevado a niveles inimaginables, ya que los impuestos solicitados por este partido demuestran que no tienen idea del desempeño del sector dentro del territorio español, y es que, precisamente en España, las inversiones de las compañías de telecomunicaciones lo han convertido en un referente dentro de la categoría de banda ancha.

Más del 75% de los españoles, en base a datos emitidos por la Secretaría de Estado de Agenda Digital, posee cobertura de internet a una cifra superior a los 100 megas, contando, a su vez, con una cobertura del 71% en lo que respecta la fibra óptica, esto sumaría el desempeño de Francia, Reino Unido y Alemania juntas. Y, como si fuese poco, la banda ancha móvil 3.5G alcanza el 99%, mientras que el 4G alcanza el 97.2%.

Las empresas del sector han pedido personalmente que se haga una revisión exhaustiva del marco normativo, actualizándose la normativa del sector y re-planteándose los tributos para que se establezca paridad fiscal con los grandes tecnológicos y se adopte la fiscalidad a una nueva sociedad digital.

Se ha indicado que, si no se replantea una fiscalidad española dentro del sector, al final se pondrá en riesgo el esfuerzo inversor de un área que tiene un fuerte sentido deflacionario, no logrando, a largo plazo, afrontar en correctas condiciones la revolución de infraestructuras 5G que son requerirá España. El Gobierno de Pedro Sánchez ha replanteado este asunto de forma continua en las reuniones de miembros del gobierno y en la discusión del nuevo impuesto digital, pero o ha obtenido una respuesta favorable.

Tras analizar las medidas urgentes que ha tomado el PSOE respecto a las elecciones del 28-A, sólo una tiene una referencia indirecta sobre el sector de las telecomunicaciones, esta se desarrolla de la siguiente forma: ‘Las tecnologías habilitadoras del cambio -internet de las cosas, nanotecnología, supercomputación…- además de las redes digitales serán impulsadas con el objetivo de desplegar la tecnología 5G dentro del territorio español, convirtiendo a nuestro país en un referente internacional. Asimismo, desarrollaremos un observatorio nacional 5G, pondremos en marcha proyectos piloto 5G e implantaremos un dividendo digital basada en 700 Mhz’.

La persona que conozca el sector se habrá percatado que las medidas se focalizan únicamente en el esfuerzo inversor de las compañías y que tienen que ver con el compromiso de España dentro del desarrollo 5G que ha sido adquirido con Bruselas. Dentro del programa PSOE no se dice de qué manera se impulsarán las tecnologías habilitadoras, quienes son, hasta los momentos, sufragadas por las empresas de telecomunicaciones.

El único cambio de gran magnitud que se ha introducido desde el Gobierno ha sido la tasa de los servicios digitales, este impuesto se cree igualará la carga impositiva de las grandes corporaciones tecnológicas como Google o Facebook a las pagadas por las tele-operadoras españolas, sin embargo, el contexto fue desfragmentado luego de que se intentara gravar a empresas como Orange, Telefónica y Vodafone. Se ha estimado, por opinión del ejecutivo, que se deberá pagar aproximadamente 200 millones por dicha tasa al colocarse en funcionamiento -esto, por supuesto, si el PSOE gana las elecciones nuevamente-.

El secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo, realizó una intervención en la presentación del informe titulado: La Sociedad de la Información en España. Sin embargo, no defendió al sector de las telecomunicaciones. Al contrario, se enfocó únicamente en la necesidad del avance de las start-ups, el impulso del emprendimiento, el avance hacia un mercado digital único en Europa y una ciudadanía digital.

A pesar de hablar sobre el desarrollo del 5G para que no se perdiese la oportunidad de tomar la delantera dentro del sector, no mencionó nada referente al marco regulatorio para las operadoras, ya que, al final, esta tecnología deberá ser sufragada por las susodichas, quienes han alertado que debido a las leyes de impuestos que se han establecido -y se planean incrementar- será complejo que se pueda tener un adecuado ritmo inversor.

FUENTE: ElEspañol

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